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sábado, 20 de octubre de 2018

LOS CARTUJOS DE PORTACELI INCUMPLEN LAS CONDICIONES DE LA CESIÓN DEL MONASTERIO A LA ORDEN Y LA LEY VALENCIANA DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL

La cartuja fue declarada Bien de Interés Cultural, lo que obliga a los monjes a tener un "régimen de visitas" a las instalaciones. Además, la Orden debe permitir la entrada de los técnicos de la Diputación de Valencia para fiscalizar e inventariar los bienes al ser el propietario último de los terrenos y los edificios que Franco cedió a los cartujos.

El monasterio de Portaceli, cedido por Franco a la Orden de los Cartujos el 12 de noviembre de 1946 para que lo rehabilitaran, como hizo con otros muchos bienes de los ciudadanos que volvieron a la Iglesia, está obligado por ley a abrir visitas al público al menos cuatro veces al mes, según explicaron fuentes de la Conselleria de Educación y Cultura que se amparan en la ley 9/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano.

La obra arquitectónica y sus terrenos anejos fueron declarados Bien de Interés Cultural en 2006 por el Gobierno de Francisco Camps y ese reconocimiento obliga a sus propietarios a tener un "régimen de visitas", aunque sea una propiedad privada como ha pasado con otros edificios patrimonio de los valencianos. Pero en el caso de Portaceli, la propiedad última es además pública.

En la orden están convencidos de la propiedad del monasterio, ya que lo inmatricularon tras la cesión  a nombre de los cartujos. De hecho, la administración del monasterio afirma que todos los años pagan el IBI en el Ayuntamiento de Serra, que asciende a más de 2.000 euros. Por ello, entienden que son los únicos autorizados para hacer y disponer lo que consideren con los terrenos y los edificios.

Cabe recordar que  el monasterio de Portaceli, situado en el término municipal de Serra, perteneció a la orden de los cartujos desde su fundación en 1272 -cuarenta años después de la conquista de Valencia- hasta la desamortización de Mendizábal.

Tras la subasta del mismo, la cartuja, así como los terrenos adyacentes, pasó a manos privadas en el siglo XIX, hasta que en 1931 la Diputación de Valencia compró los terrenos con dinero público a varios particulares por 3.675.741,13 pesetas, para la construcción de un "sanatorio antituberculoso".

Pasada la Guerra Civil y con la victoria del bando franquista, en 1944 se decide ceder el monasterio y los terrenos adyacentes y se inicia el trámite que se cierra el 12 de noviembre de 1946. Se cumple, por tanto, este noviembre el 75 aniversario de la operación. Una operación que impulsó y culminó Adolfo Rincón de Arellano como presidente de la Diputación de Valencia.

Pero en aquel expediente de traspaso se fijaron dos condicionantes que en caso de no cumplirse deberían provocar la reversión automática del monasterio y sus ricos terrenos adyacentes a la Diputación de Valencia, como recoge el expediente de la cesión que revela en exclusiva eldiario.es y que nunca había salido a la luz. El primer condicionante es que solo la orden de los cartujos puede gestionar los terrenos -es decir, no se podría vender o ceder a otra orden-. El segundo, que el patrimonio debía ser restaurado en un período de 20 años -algo que se hizo- y que debe mantenerse y cuidar su patrimonio de manera permanente.

Tal y como reza el expediente "La fórmula propuesta por la Diputación de Valencia para la enajenación o cesión de la cartuja dista mucho de ser una donación pura y simple y a título gratuito, sino que es una cesión condicional y en cierto modo onerosa". Y es en esa propiedad real donde los cartujos deberán ceder ante la administración civil.


¿Pero cómo puede saber la Diputación de Valencia que las tareas de mantenimiento del patrimonio que hay en su interior y la propia estructura medieval -de valor incalculable- se llevan a cabo, si sus técnicos especialistas no pueden acceder a constatarlo? Y es que, según el prior del monasterio, al ser una orden de clausura, no es posible visitar las instalaciones, y por tanto "no les afecta" la legislación patrimonial de la entidad provincial al no estar sujetos a su jurisdicción. De esta manera, es imposible saber si la orden de los cartujos están cumpliendo con una condición sine quan non para que puedan continuar con la cesión.

Fue el diputado provincial José Ruiz Cervera, del PSPV-PSOE, quien se interesó por la situación patrimonial de la cartuja de Portaceli, que se desconoce desde 1946 porque lo ocupa una orden que hace votos de clausura. La petición la realizó, porque la Diputación de Valencia está llevando a cabo una actualización de su inventario de bienes, que incluye necesariamente la revisión del estado de conservación de los edificios e instalaciones de su propiedad, cedidos o arrendados por la corporación.

Y es con la respuesta de la orden cuando han saltado las alarmas al considerar que la inspección de la Diputación de Valencia no puede constatar en qué situación de conservación se encuentra el patrimonio. Es imposible saberlo porque nadie ha entrado tras su cesión y posterior rehabilitación realizada por los monjes cartujos. Aunque de los elementos que se observan del exterior, algunos presentan claros síntomas de necesidad de restauración.

En estos momentos 16 monjes de clausura habitan el monasterio. El record de habitantes del edificio fue en el siglo XVII con 27 religiosos. La Orden defiende que nadie más -que no autoricen ellos- puede entrar en las instalaciones porque son de clausura "desde hace 750 años". Pero la normativa y la reciente declaración como Bien de Interés Cultural condicionan esa clausura. El poder terrenal está por encima del divino.

Así, la ley valenciana que regula los BIC obliga a un régimen de visitas a los ciudadanos y a inspecciones de la administración. En este caso, la Diputación de Valencia como propietaria o la propia Conselleria de Educación y Cultura como entidad que vela por los Bienes de Interés Cultural pueden supervisar el estado de los edificios histórico-artísticos. Una fiscalización a la que la que la Orden de los Cartujos se niega al considerar que el complejo es de su propiedad. Y eso que el Consell del PP quiso eximirla de permitir visitantes.

A continuación, reproducimos los documentos que en exclusiva ha publicado eldiario.es, un documento de un alto valor histórico porque demuestran que la cesión del monasterio de Porceli a la Orden de los Cartujos en 1946 está sujeta a las condiciones que los cartujos pretenden ignorar:







Fuente: Sergi Pitarch - eldiarioCV.es

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