Hablar en 2026 de turismo en la Comunidad Valenciana ya no podrá limitarse a celebrar cifras récord de visitantes. Es la hora de abordar el verdadero debate sobre qué tipo de turismo estamos construyendo y a qué precio. Infinidad de veces hemos escuchado a grandes pensadores que la locomotora de la economía valenciana, que representa el 16 % del PIB, requiere de una visión poliédrica y de luces largas.
Un gigante con pies de barro, porque la mayor parte de los agentes turísticos que se encargan de atender los turistas que llegan a las oficinas de la Red Tourist Info tienen contratos temporales, dependientes de subvenciones que no salen cuando deben, y que están tan precarizados que la mayor parte de los informadores han pasado por más de una oficina en busca de una estabilización que nunca llega.
Por ello, en estos casi tres años de cambio de gobierno, de la izquierda a la derecha, resulta obligado repensar las políticas públicas puestas en práctica, por acción u omisión. El giro indisimulado de los nuevos/viejos inquilinos del Consell ha orientado casi exclusivamente al crecimiento cuantitativo sus grandes objetivos. Si a este enfoque le añadimos la inacción en pensamiento innovador y el recorte presupuestario hacia los destinos turísticos, el resultado acaba siendo desalentador. Si, además, se rompen puentes y consensos en el modelo de gobernanza, la conclusión de lo vivido es que cuando no se gobierna adecuadamente el turismo, deja de ser una oportunidad para convertirse en un problema estructural como el que empieza a germinar en nuestro territorio.
El turismo ha entrado en una nueva fase. No es una etapa de inicio ni de consolidación, sino de madurez crítica. Los destinos turísticos ya no compiten solo por atraer visitantes, sino por gestionar impactos. Cuando hablamos de cómo amortiguar las cifras récord en las ciudades me refiero a tener una planificación turística con indicadores medibles. La Generalitat no tiene un Sistema de Inteligencia Turística para medir esos datos, y su única salida es seguir jugando a las políticas de los 90. Esas cuya obsesión se resumía en mostrar músculo y vanidad en las ferias. Por cierto, este año amplían espacio en todas ellas.
Ese «otro turismo» en el que ponemos el foco significa desplazar el debate del cuánto al cómo. No se trata de poner límites arbitrarios, sino de gobernar el turismo con criterios de sostenibilidad y equilibrio territorial. Se han ido desmontando las políticas que alimentaban ese espíritu de hospitalidad de los destinos: en los presupuestos de la Generalitat de 2024 se recortó un 30 %, fruto de la motosierra y la no ejecución. Esa fue la carta de presentación que llevaron a la World Travel Market y FITUR, junto con el teatrillo de la eliminación de una tasa turística que nunca se aplicó. Otra acción que desestacionalizaba y contentaba tanto a la parte pública como privada era el Bono Turístico, que pasó de estar dotado de 12,5 millones en 2024 a 5,7 en 2025. A la vez que se eliminaron los planes de gobernanza que agrupaban mancomunidades para potenciar, mancomunar y dinamizar el sector, algo que funcionó especialmente bien en los destinos de interior.
El actual presidente, Juanfran Pérez Llorca, se etiquetó como un presidente municipalista. Por ello, aún desconocemos por qué no rectifica las cantidades asignadas al Fondo de Cooperación Municipal Turístico, que han recortado un 22,2 %. Han ofendido a cada ayuntamiento, afeando los esfuerzos descomunales para gestionar esos récords de visitas. El enfado es monumental en las filas del PP, sabiendo que los criterios de reparto no han cambiado desde 2023.
Y, pese a ello, ni un presidente de las tres Diputaciones de la Comunitat se ha dignado en pronunciarse.
Empecemos por el de Alicante y también alcalde de Benidorm, Toni Pérez; cuya provincia asume una pérdida de 480.835,85 € (y de 82.069,91 € en el caso de Benidorm). Ni una publicación al respecto, ni lamento alguno por la pérdida del convenio de marketing que tenía Costa Blanca. Oportunidades tiene con la de veces que publica en sus redes sociales.
El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, una referencia en la dana por eliminar mensajes y llamadas, suponemos que también borraría la notificación de la pérdida de 279.620,80 € para su provincia. Marta Barrachina, que dirige la Diputación de Castellón como si fuese un cortijo, tuvo la osadía de exigir trato singular para su pueblo (Vall d’Alba), que no está considerado municipio turístico. Que el fondo se reduzca en 339.148,97 € para los que sí han trabajado el turismo con rigor y profesionalidad no parece que le incumba demasiado.
Las diferencias son palpables en poco tiempo. No se concibe el turismo como un sector estratégico, se utiliza para repartir entre los amigos del alma el pastel. Los caminos de la imaginación son curiosos.
Fuente: Mario Villar - Levante EMV/ Propio
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